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Anulan la pena por ocupación de una casa en Cieza porque su dueño no se preocupó de probarla

Cieza.es | 30 de octubre de 2017 a las 13:29

La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la sentencia de un juzgado de instrucción de Cieza que condenó a la pareja ocupante de una casa en esta ciudad al pago de 1.200 euros porque la sociedad propietaria no se preocupó de acreditar si antes de la denuncia les había pedido que se marcharan, informa Efe.

El juzgado declaró probado que el hombre y la mujer denunciados cambiaron la cerradura de la vivienda de una empresa y sin permiso de esta se mantuvieron viviendo en ella contra de la voluntad de la propietaria.

Fueron condenados como autores de un delito de usurpación al pago de una multa de 600 euros, además de conminados a desalojar la casa con la advertencia de que si no lo hacían voluntariamente, serían sacados por la fuerza por la policía.

La Audiencia señala que el fiscal pidió la desestimación del recurso de los dos condenados y que se confirmara la resolución combatida "por sus propios fundamentos".

Sin embargo, la sala la ha revocado al exponer que no han quedado acreditados determinados extremos que considera son necesarios "para justificar el grave reproche penal que se hace".

Y añade que "prueba de ello es que el relato de hechos probados está huérfano de determinados elementos, como son el necesario requerimiento por parte del titular del inmueble a los denunciados para que lo abandonaran, pues no es suficiente una oposición manifestada con la denuncia, no explicada ni mantenida en el juicio, al que no acudió".

El tribunal señala además que "la denunciante no ha acreditado tampoco que haya pretendido impedir, no meramente pasiva e interna, la posición de aquellos, ni se realiza tampoco descripción alguna acerca del bien inmueble ocupado o de sus condiciones de habitabilidad".

Dice también que tras un informe de la Guardia Civil en el que se indicaba que la vivienda estaba ocupada por esta pareja y dos hijos se convocó el juicio oral, al que no comparecieron los denunciados ni ningún agente de la Benemérita o de la Policía Local ni nadie por parte de la sociedad denunciante.

Por ello, concluye que la actuación del juzgado fue "manifiestamente insuficiente como medio de prueba válido y eficaz para justificar condena alguna".